​MEMORÁNDUM INSTITUCIONAL

Lic. Julio A. Ledesma, Jurista y Analista Social ASUNTO: Advertencia legal y llamado urgente al cese inmediato de embargos temerarios y arbitrarios contra los fondos del CARD FECHA: 1 de junio de 2026

Por medio del presente documento, en nuestra doble calidad de miembro de la Directiva Nacional del CARD y profesional del derecho comprometido con la institucionalidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de fijar una postura pública y firme frente a la preocupante y sistemática práctica que vienen ejecutando determinados profesionales de la toga y el birrete en perjuicio de las finanzas del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

I. Fundamentos Jurídicos: De la Arbitrariedad y la Inexistencia del Crédito

Se ha constatado con profunda indignación que diversos particulares, de manera alegre y grosera, se han estado dedicando a trabar embargos retentivos sobre las cuentas bancarias de nuestra institución madre. Estas acciones se están ejecutando al margen de la ley, sin contar con una ordenanza judicial ni una sentencia definitiva que las avale.

Desde el estricto punto de vista doctrinal y normativo, estas vías de ejecución resultan ser actos mostrencos, descabellados y carentes de todo sustento jurídico, en razón de las siguientes puntualizaciones:

• Inexistencia de vínculo legal: No existe ningún nexo laboral, contractual o de otra índole entre el CARD y los referidos particulares.

• Ausencia de los requisitos del crédito: De acuerdo con las normas que rigen las ejecuciones en la República Dominicana, para que un embargo sea válido el crédito invocado debe ser líquido, cierto y exigible. Al carecer de estos elementos y de un título ejecutorio idóneo, estas retenciones devienen en una flagrante ilegalidad.

II. El Impacto Humanitario: Parálisis Económica y Daño Social

Esta conducta, calificada como cruel e inhumana, ha provocado una parálisis económica que mantiene al CARD al borde del colapso financiero. Lo más alarmante es el desastroso impacto social que sufre nuestra clase: debido al congelamiento arbitrario de estos recursos, el Departamento de Asistencia Social de la institución ha quedado inoperante.

Esta inoperabilidad ha dejado en el desamparo a decenas de togados que actualmente padecen enfermedades terminales y catastróficas, impidiendo que el gremio les facilite los fondos necesarios para medicamentos y tratamientos vitales. Resulta inaceptable que, por el ánimo de chantajear a las actuales autoridades para presionar en busca de prebendas personales, se juegue con la vida de los miembros de nuestra propia clase. Es de conocimiento público que esta maniobra de estrangulamiento es encabezada por los señores Yoan López y Sardy Ruz Suero, entre otros, quienes, valiéndose de su condición de altos dirigentes del partido de gobierno (PRM), pretenden utilizar influencias estatales para mantener de rodillas a cientos de profesionales del derecho.

III. Amonestación, Consecuencias Disciplinarias y Acciones Legales

El Colegio de Abogados de la República Dominicana aglutina a más de 90,000 miembros, y su patrimonio no puede ser objeto de piratería judicial. Por consiguiente, SE LES EXHORTA Y SE LES HACE UN LLAMADO APREMIANTE a estos profesionales para que se abstengan y desistan de inmediato de continuar con esta perversa práctica de estrangular los fondos institucionales.

De hacer caso omiso a esta advertencia y no levantar las referidas trabas ilegales, la institución iniciará sin dilación las siguientes acciones:

• Sometimiento disciplinario: Serán citados de manera perentoria ante la Fiscalía del CARD para ser juzgados por el Tribunal de Honor. Al no contar con una garantía legal que justifique sus actuaciones, se solicitará la aplicación de la máxima sanción correspondiente: la inhabilitación disciplinaria por un período de cinco (5) años por violación flagrante al Código de Ética del Profesional del Derecho.

• Acciones civiles y penales: Se procederá a interponer de manera formal las demandas correspondientes en los tribunales ordinarios, tanto en el ámbito penal como en el civil, exigiendo la justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados a la institución y, de manera muy especial, a los familiares de aquellos abogados enfermos que han visto agravada su salud, o que lamentablemente han perdido la vida, como consecuencia directa de este bloqueo económico criminal.

La justicia y la ética profesional no pueden ser secuestradas por intereses particulares ni agendas políticas. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la dignidad del abogado dominicano.

¡Basta ya de agredir al gremio desde sus propias entrañas!

Atentamente,

Lic. Julio A. Ledesma Directivo Nacional del Colegio de Abogados