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RESUMEN
Por: Giovanni Matos Director del La Crónica Viral
La proliferación de movimientos electorales, las negociaciones por cargos y el abandono de los concursos de oposición reavivan el debate sobre la transparencia y la meritocracia en la academia estatal.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), principal institución de educación superior pública del país, ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, participación democrática y confrontación de ideas. Sin embargo, cada proceso electoral universitario vuelve a poner sobre la mesa una realidad que preocupa a amplios sectores de la comunidad académica: la persistencia de prácticas clientelares que, en muchos casos, terminan desplazando la discusión sobre los verdaderos desafíos institucionales.
En los procesos electorales de la universidad, tanto en el sector profesoral como en el estudiantil y entre los empleados administrativos, es frecuente observar la proliferación de movimientos, corrientes y grupos que se presentan como proyectos académicos o espacios de transformación institucional. No obstante, numerosos universitarios sostienen que muchas de estas estructuras terminan funcionando como instrumentos de negociación política y defensa de intereses particulares.
La fragmentación ha llegado a tal nivel que, en ocasiones, pequeños grupos e incluso personas de manera individual constituyen movimientos con escasa base programática, cuyo principal objetivo parece ser acumular influencia para negociar apoyos durante las campañas electorales. El fenómeno no siempre responde a diferencias ideológicas o académicas, sino a la búsqueda de espacios de poder dentro de la estructura universitaria.
Durante las etapas previas a las elecciones, las alianzas y acuerdos suelen multiplicarse. Lo que debería ser un debate centrado en la calidad de la enseñanza, la investigación científica, la extensión universitaria y la modernización administrativa, con frecuencia queda relegado por conversaciones relacionadas con cargos, posiciones y beneficios futuros. Las negociaciones pasan a ocupar un espacio más visible que las propuestas para el fortalecimiento institucional.
Diversos actores universitarios afirman que estas prácticas han contribuido a consolidar una cultura política basada en el intercambio de favores. La permanencia en determinados puestos, el acceso a posiciones administrativas y la influencia sobre dependencias universitarias terminan convirtiéndose en elementos centrales de muchas alianzas electorales.
Las críticas también apuntan a que, en algunos casos, las negociaciones incluyen compromisos relacionados con nombramientos de familiares, queridas. allegados y personas cercanas a quienes participan en las estructuras de poder. Aunque estas situaciones no siempre son formalmente reconocidas, la percepción de que forman parte de la dinámica electoral universitaria se mantiene presente entre docentes, estudiantes y empleados.
El problema no se limita a un solo sector. A lo largo de los años, profesores, estudiantes y servidores administrativos han desarrollado mecanismos similares de agrupación y negociación. Como resultado, se ha consolidado una cultura política que trasciende las elecciones específicas y que tiende a reproducirse de proceso en proceso, independientemente de quiénes resulten electos.
Los efectos de esta situación repercuten directamente en la credibilidad institucional. Cuando las discusiones sobre méritos académicos, capacidad profesional y eficiencia administrativa son desplazadas por cálculos políticos y acuerdos particulares, la confianza en los procesos democráticos universitarios se debilita. La universidad corre entonces el riesgo de alejarse de los principios de transparencia y meritocracia que deberían caracterizar a una institución académica.
Ante este panorama, diversos sectores consideran que la UASD debe retomar mecanismos institucionales que durante años contribuyeron a fortalecer la profesionalización de la gestión universitaria. Entre ellos figura el restablecimiento de los concursos de oposición y méritos para la selección del personal administrativo y gerencial, tal como contemplan los reglamentos universitarios y diversas normativas internas que, según numerosas voces, han quedado archivadas o relegadas durante varias rectorías.
La reactivación de estos concursos permitiría que las posiciones administrativas y de dirección sean ocupadas por personas seleccionadas en función de sus competencias, experiencia y formación, reduciendo la influencia de acuerdos políticos y compromisos electorales. Asimismo, contribuiría a fortalecer la institucionalidad, garantizar una mayor transparencia en las designaciones y promover una cultura basada en la excelencia y la rendición de cuentas.
La UASD, como academia llamada a formar profesionales y ciudadanos comprometidos con los valores democráticos, enfrenta el desafío de predicar con el ejemplo. La recuperación de los concursos de oposición y méritos, el fortalecimiento de la transparencia y la reducción de las prácticas clientelares constituyen pasos indispensables para consolidar una gestión basada en la capacidad y no en los compromisos electorales. El futuro de la universidad estatal dependerá, en gran medida, de su capacidad para colocar el interés institucional por encima de los intereses particulares.
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