Es muy penoso para quien escribe criticar medidas de un Gobierno que se inicia y que fue electo con la firme decisión del pueblo dominicano de provocar un cambio verdadero en la forma de conducir los destinos de la nación.
Reforzando una institucionalidad que se dejó de respetar y promoviendo un Estado de Derecho donde reine la justicia, el respeto a los bienes públicos, la transparencia y la cero tolerancia a la impunidad.
Desde hace un tiempo además veníamos abogando porque se completaran las reformas incluidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo a través de su discusión en el Consejo Económico y Social (CES), como son las demandadas reforma energética, ahora más cuando estamos de nuevo inundados de apagones que están dañando los aparatos eléctricos de los hogares humildes y de clase media, sin nadie que los compensen, con tarifas eléctricas abusivas, incluyendo los aires acondicionados, en un país donde el cambio climático está haciendo el calor cada vez más insoportable y prolongado, pretendiendo ahora gravarlos con un 25%.
Y, entre otras no menos importante, la Reforma Fiscal Integral. Pero oh… desagradable sorpresa! De improviso con el sometimiento del nuevo presupuesto de ingreso y gastos públicos para el 2021, nos encontramos con un paquete impositivo que he llamado la contrarreforma, aprobado por el Consejo de Gobierno sin haber sido ni siquiera discutido por ese honorable cuerpo de ministros y gobernantes. Y sin el conocimiento del CES, órgano del Estado cuyo objetivo es el responsable de ser el instrumento de discusión y aprobación de las Reformas a ejecutar por el Estado en esas dos áreas. Tal ausencia del Consejo en esta ocasión para cumplir con sus obligaciones, nos produce temblores de impotencia sobre el presente y futuro de una institucionalidad por todos anheladas, que está siendo nuevamente objeto de abandono.
Soluciones fáciles
Tal vez el buscar soluciones fáciles a graves problemas económicos y financieros han precipitado la adopción de actitudes que estoy seguro no es característica del Ejecutivo, sino que fue empujado hacia esta aventura sin los análisis previos necesarios en un medio diferente como es el actual de grave crisis humanitaria, al momento en que fueron concebidos de actividad normal de la nación. El problema estriba que por la prontitud y por el deseo de obtener mayores pretendidos recursos fiscales, están creando con los señalados impuestos mayores obstáculos para que la Nación vuelva a recuperar su normalidad.
Hay que ver el reciente caso del Japón cuando creó un impuesto sobre el consumo que por su adverso efecto sobre la economía operando en época normal, tuvo que ser suspendida su aplicación.
Penosamente nos preguntamos, a quien se le ocurre en medio de una Pandemia y de la peor crisis económica, social y de la salubridad a que se ha enfrentado esta nación con una caída del PIB que sobrepasa el 7%, cargar a un pueblo de mayores incertidumbres y costos económicos, ya bañado en llantos y lágrimas por la crueldad de sus muertos y por haber sido más de un millón de su población expulsados de sus fuentes de empleo por el mismo abusivo Estado, al expropiar los ingresos cerrando y quebrando miles de sus fuentes de sustentación de trabajo sin ninguna compensación, pérdidas que se remontan a miles de millones en pesos en capitales de micros, pequeñas y medianas empresas.
Distorsiona
Desgraciadamente lo que se pretende aprobar como ley es una contrarreforma porque vuelve a introducir distorsiones en el área cambiaria después de 30 años de haber sido eliminadas, con la pretendida aplicación de un 3% de tasa impositiva sobre todas las operaciones de medios de pagos internacionales. Porque es una contrarreforma que es contraria con nuestros objetivos de ser como economías pequeñas, abiertas y exportadoras de bienes y servicios porque es la única forma de continuar creciendo a tasas del 5% anual.
Además de que esa tasa impositiva genera incertidumbre que puede afectar el retorno a los normales movimientos estacionales de la tasa de cambio, afectando un trabajo de filigrana que han realizado las autoridades monetarias. Porque introduce incertidumbre e inquietud en áreas que desalentarían el ingreso de nuevas inversiones extranjeras cuando lo lógico es estimular su ingreso en estos momentos. Porque perjudica los índices del “Doing Business”, que es un indicador fiable para el estímulo a futuros inversionistas. Porque crea un arancel adicional aumentando los costos de los negocios y de las personas y la tasa de inflación. Porque ese impuesto a las operaciones de pago en moneda extranjera, puede ser su aplicación una violación a las reglas y normas que debemos de cumplir como miembros que somos de organismos multilaterales que supervisan y norman las relaciones cambiarias y comerciales entre sus países miembros, y violatorio con nuestros acuerdos comerciales bilaterales con EE.UU. y la UE. Porque aplica un costo adicional a las tarjetas de crédito en dólares que ya cargan con elevadísimas tasas de interés de hasta el 8% mensual, sin que estas sean reguladas por las autoridades responsables para evitar estos abusos de un mercado imperfecto y de oligopolio. Porque aplicar un impuesto a los salarios de los trabajadores y empleados de clase media ya golpeados por la Pandemia, el desempleo y caída en el consumo, es un signo de poco sentido de humanidad.
Porque aplicar un impuesto de solo 8% sobre ganancias excesivas a empresas que se han beneficiado de su posición privilegiada de operación y de alimentación fiscal y monetaria, mientras otras han sido obligadas al cierre y quebradas por el mismo Estado, es simplemente el reflejo de una administración que está desviándose de los propósitos y anhelos de un pueblo que la eligió para que aplicara justicia social y económica.
El prestigioso economista Premio Nobel Thomas Piketty propone un impuesto del 80% a las ganancias excesivas para reducir la inequidad de ingreso en las sociedades occidentales. La reforma prometida Por las entrantes autoridades de igualar en su tratamiento fiscal y normativo las operaciones de exportación de las empresas nacionales con las de zonas francas, está siendo denegada, y al contrario ahora la industria de la aguja que está compuesta mayormente por micro y pequeñas empresas que en el año 2007 se le había otorgado por ley ese tratamiento, estás volvieron a ser objeto de aplicación y retenciones impositivas. Un retroceso a los objetivos de convertir a este país en una maquinaria exportadora de bienes y servicios, reduciendo la elevada vulnerabilidad que representa el turismo en la generación de divisas y creación de empleos. En próximos trabajos seguiremos analizando esta desafortunada iniciativa de contrarreforma fiscal.
El autor es economista, exvicegobernador del BCRD y exdiplomático.
LD
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