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El Supremo argentino confirma la condena por corrupción al exvicepresidente Boudou

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este jueves la condena a cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos recibida en 2018 por Amado Boudou, vicepresidente del país entre 2011 y 2015, en el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández, actual vicepresidenta.

El exvicepresidente se encuentra en prisión domiciliaria desde abril pasado, cuando el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de Buenos Aires decidió concederle ese beneficio porque la condena aún no era firme, y, tras el fallo difundido este jueves por el Supremo, aún no se ha ordenado el retorno a una cárcel común.

El 7 de agosto de 2018, el TOF4 había considerado al exfuncionario culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, en tiempos en que era ministro de Economía (2009-2011), también con Cristina Fernández como presidenta.

Tras más de cuatro meses en prisión, el 11 de diciembre el mismo tribunal aceptó el pedido de excarcelación que había presentado la defensa -a la espera de una condena firme- y recuperó su libertad, monitoreada con una tobillera electrónica, una vez que se acreditó el pago de una fianza.

Pero en febrero de 2019 volvió a prisión, al ver la Cámara Federal de Casación Penal “riesgos procesales” en su libertad y considerar las “obligaciones asumidas por el Estado argentino” de sancionar “debidamente” los hechos de corrupción.

La sentencia fue recurrida por la defensa de Boudou -sobre quien pesan otras causas judiciales- y estaba todavía pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema, que hoy decidió rechazar ese recurso extraordinario, por lo que ya no quedan más instancias de apelación.

LA INVESTIGACIÓN

La Justicia considera que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirió la empresa quebrada Ciccone Calcográfica – después denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro, con el fin de imprimir billetes y documentación oficial.

En 2010, un juzgado declaró la quiebra de la imprenta por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó esa quiebra poco después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, considerado testaferro de Boudou.

Según el expediente, Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la Administración.

La Justicia acusó al exvicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantara la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado.

Fuente: EFE

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